Después de semanas de denuncias, cruces políticos y discusiones por las condiciones de seguridad en distintas escuelas del Partido de La Costa, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense tomó una decisión concreta: designó un avocador para asumir temporalmente determinadas competencias del Consejo Escolar vinculadas al gas y la calefacción.
El designado es David Alberto Benítez y tendrá a su cargo esa tarea durante 60 días, con posibilidad de prórroga. La medida también contempla una partida presupuestaria extraordinaria para llevar adelante las acciones que resulten necesarias.
Y acá aparece una aclaración importante después de varios días en los que circularon versiones diferentes: no se trata de una intervención total del Consejo Escolar ni de una intervención judicial.
La resolución de la Provincia establece la avocación de competencias específicas relacionadas con el correcto funcionamiento de las instalaciones de gas y calefacción de los establecimientos educativos. Es decir, por ese período la administración central provincial asume directamente facultades que normalmente corresponden al organismo distrital.
¿Por qué tomó esta decisión la Provincia?
El expediente se originó a partir de una presentación de SUTEBA La Costa-General Lavalle, que venía denunciando situaciones vinculadas a instalaciones de gas y seguridad edilicia en diferentes establecimientos.
La resolución provincial menciona posibles anomalías relacionadas con instalaciones de gas y calefacción, vencimiento de matafuegos en algunos establecimientos, problemas o falta de controles de hermeticidad, discontinuidad de pruebas anuales y una presunta falta de ejecución de partidas presupuestarias destinadas a esas cuestiones.
Importante: hablar de “posibles anomalías” y de una “presunta” falta de ejecución no equivale a considerar definitivamente probadas todas las denuncias. La propia medida busca precisamente profundizar controles y ordenar procedimientos.
El avocador deberá trabajar sobre protocolos de seguridad, adecuación de procesos y circuitos a la normativa vigente y selección de proveedores especializados para efectuar los controles correspondientes.
SUTEBA habla de intervención, el Consejo dice que sigue funcionando
Ahí está buena parte de la discusión política.
SUTEBA presentó la resolución como el resultado de sus denuncias y sostiene que logró la “intervención” de la Provincia ante la gravedad de los hechos denunciados.
Desde el Consejo Escolar, en cambio, remarcaron que el organismo continúa funcionando con sus autoridades y competencias habituales, salvo aquellas específicamente alcanzadas por la avocación.
Su presidenta, María Candela López, sostuvo que no se trata de una intervención general sino de la participación de un equipo técnico especializado en procedimientos relacionados con gas y seguridad edilicia.
La aclaración tiene además un antecedente inmediato. Días antes, el Interbloque de consejeros escolares había salido públicamente a desmentir versiones que hablaban de una supuesta intervención judicial, señalando que no existía ninguna medida de ese tipo y que el organismo continuaba funcionando normalmente.
Las dos cosas pueden ser ciertas: no hubo una intervención judicial ni fue desplazado todo el Consejo Escolar, pero posteriormente la Dirección General de Cultura y Educación sí decidió avocar competencias concretas sobre gas y calefacción y enviar un funcionario durante 60 días.
Después de la pelea, ahora vienen los controles
Más allá de quién intente adjudicarse una victoria política, lo verdaderamente importante comienza ahora.
Durante los últimos meses hubo denuncias y episodios relacionados con instalaciones de gas en establecimientos educativos, además de situaciones en las que las verificaciones posteriores no confirmaron las sospechas iniciales de pérdida.
SUTEBA ya había realizado en julio una presentación formal reclamando medidas urgentes por las condiciones de las instalaciones y cuestionando procedimientos utilizados para determinadas reparaciones.
Ahora habrá una instancia provincial específica para revisar esa área.
Y eso permitirá pasar de las acusaciones cruzadas a algo bastante más sencillo de comprobar: qué escuelas tienen problemas, cuáles están en condiciones, qué trabajos faltan, cuánto dinero existe para realizarlos y en qué se utilizan esos recursos.
Porque entre comunicados, acusaciones y desmentidas hubo una discusión política importante, pero en el medio están los alumnos, docentes, auxiliares y familias que necesitan algo bastante menos complicado: saber que cuando entran a una escuela de La Costa, las instalaciones son seguras.
