El concejal Martín Fernández acudió a la Justicia para suspender los procedimientos municipales, en medio de los cuestionamientos que también formuló la exconcejal Evangelina Cordone. Sin embargo, el juez Agustín López Coppola rechazó la medida cautelar y las licitaciones podrán continuar.
La Justicia bonaerense rechazó este viernes 16 de octubre la medida cautelar presentada por el concejal Martín Fernández para frenar las licitaciones de balnearios que lleva adelante la Municipalidad del Partido de La Costa.
El juez Agustín López Coppola, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Dolores, consideró que no se habían acreditado los requisitos legales necesarios para suspender los procedimientos.
El resultado fue contrario a lo que pretendían los denunciantes: la presentación judicial no logró detener las licitaciones.
La denuncia no fue suficiente para frenar los procedimientos
Fernández había solicitado detener las aperturas de sobres pendientes y suspender las distintas etapas de las licitaciones ya iniciadas, incluyendo la evaluación de ofertas y las eventuales adjudicaciones.
De acuerdo con los fundamentos de la resolución, el magistrado consideró que la documentación acompañada no permitía acreditar, en esta instancia preliminar, las irregularidades denunciadas.
El juez también analizó la legitimación del concejal para impulsar la acción, al señalar que su condición de integrante del Concejo Deliberante no lo habilita automáticamente a representar judicialmente los intereses de los vecinos.
La presentación de una demanda no implica por sí misma la paralización de un procedimiento administrativo. Para ello era necesaria una medida judicial favorable que, en este caso, fue rechazada.
Las concesiones y los intereses en discusión
Las nuevas licitaciones involucran unidades turísticas fiscales ubicadas en distintos sectores del frente marítimo.
En ese contexto, también corresponde esclarecer los vínculos que pudieran tener los protagonistas del reclamo con las concesiones de balnearios.
Se ha señalado que Fernández tendría intereses en la explotación de un balneario y que Cordone habría participado de un intento reciente de acceder a una concesión. Estos antecedentes requieren confirmación documental, por lo que no corresponde presentarlos todavía como hechos acreditados ni atribuirles una relación causal con la demanda judicial.
La existencia de intereses privados, de comprobarse, tampoco invalida por sí misma el derecho a cuestionar actos administrativos.
Las licitaciones continúan
Con el rechazo de la medida cautelar, la Municipalidad de La Costa podrá continuar con los procedimientos licitatorios sin la suspensión que había solicitado Fernández.
La resolución se produce mientras el gobierno municipal desarrolla una política de reorganización del frente costero, que incluye el retiro de antiguas estructuras y la recuperación de espacios públicos de playa.
El fallo no resuelve definitivamente todos los cuestionamientos sobre las licitaciones, pero establece un resultado concreto: el pedido judicial de suspensión no prosperó.
