Diego Escoda, sería designado fiscal general (interino) de Dolores
La familia de Mara Matheu, la joven violada y asesinada en Santa Teresita en 2008, presentó dos pedidos de jury contra el fiscal. La procuradora lo quiere titularizar en el cargo. «Falbo me defraudó», dijo el padre de la chica
Leónidas Matheu es el padre de Mara, la joven violada y asesinada en 2008 en la localidad de Santa Teresita. El caso generó una profunda conmoción por lo aberrante del hecho, y también puso bajo la lupa el accionar del fiscal general interino de Dolores, Diego Escoda. Se trata de uno de los soldados más fieles que responde a la procuradora bonaerense María del Carmen Falbo, que ya habría tejido oscuros acuerdos para que Escoda sea designado oficialmente como jefe de los fiscales del mencionado departamento judicial, cargo que está vacante.
Concretamente, los familiares de Mara acusan al funcionario judicial por una grave negligencia, como fue la desaparición de pruebas claves (uñas y pelos), que se encontraban en depósitos de la Gendarmeria y de la Asesoría Pericial de la Corte.
El escándalo fue tal que la familia Matheu, en el último mes, presentó dos pedidos de jury contra Escoda en la comisión de enjuiciamiento. “Yo me reuní con la procuradora Falbo, y la puse al tanto de toda esta situación. Y ahora me entero de que este señor, de manera muy poco clara, va a seguir siendo funcionario. Me siento defraudado, traicionado y decepcionado ante la actitud de la señora Falbo”, dijo Leónidas Matheu.
La desaparición de las pruebas derivó en una causa judicial, que se tramita en el Juzgado Federal n° 2. Según los abogados de Matheu, ya se habría determinado que tanto el fiscal como
la instructora judicial, Felicitas Pintos, habrían cometido serias irregularidades en el procedimiento.
Tal como se viene informando, estaba todo prácticamente definido para la designación tanto de Escoda como de Patricia Ochoa (jefa de los fiscales del Departamento Judicial de La Matanza).
Ambos se están desempeñando en calidad de interinos, pero Falbo ya tenía cocinada la titularización, cuando aún no se publicaron las ternas que, por ley, es facultad del Consejo de la Magistratura bonaerense.
Lo ocurrido generó un gran revuelvo en el Consejo, y algunos de sus integrantes están planteando serios interrogantes acerca de los pasos a seguir, ya que están expuestos a ser protagonistas de un escándalo que, en caso de concretarse, prácticamente no tendría antecedentes en la historia del Poder Judicial de la Provincia.
