Mientras durante este invierno vecinos del Partido de La Costa salieron a la calle por facturas de servicios cada vez más difíciles de afrontar, el Gobierno nacional anunció esta semana una inversión privada de Camuzzi para completar una obra clave del Gasoducto de la Costa.
La noticia es importante. Pero abre una pregunta que quizás sea todavía más importante para los próximos años: ¿la ampliación de la capacidad permitirá que el gas llegue efectivamente a los barrios que hoy no tienen red o simplemente habrá más gas disponible para quienes puedan pagar las obras necesarias para conectarse?
El martes 18 de agosto se conoció que Camuzzi Gas Pampeana invertirá más de 6 millones de dólares para terminar la Planta Compresora Las Armas. La infraestructura permitirá mejorar la capacidad operativa del Gasoducto de la Costa y del sistema Tandil-Mar del Plata, que abastece a unas 40 localidades bonaerenses. La obra debería estar terminada antes del invierno de 2027.
No se trata, sin embargo, de la construcción de un nuevo gasoducto. La planta había quedado inconclusa y es la pieza necesaria para aprovechar plenamente otras obras de repotenciación realizadas previamente en el sistema.
De la obra pública a la inversión privada
El cambio no es menor. Una infraestructura originalmente impulsada desde el Estado será finalizada ahora mediante una inversión de una empresa privada que opera un servicio público regulado.
Y es allí donde aparece el interrogante sobre lo que viene después.
El anuncio confirma cuánto invertirá Camuzzi y qué capacidad permitirá mejorar, pero no establece que esos 6 millones de dólares vayan a ser cargados directamente a los usuarios mediante un concepto específico en sus facturas. Las inversiones de las distribuidoras forman parte de un sistema regulado y los cuadros tarifarios son autorizados por ENARGAS. Por eso, afirmar hoy que esta obra puntual será pagada directamente por los vecinos sería adelantarse a una definición que no fue informada.
Pero existe otra discusión mucho más cercana para La Costa: tener capacidad en el gasoducto no significa automáticamente tener una red de gas pasando por cada barrio.
Más capacidad no significa más conexiones
La propia Camuzzi explica que cuando una vivienda no tiene red frente a su domicilio debe solicitarse un análisis de factibilidad. Si es técnicamente posible extenderla, se desarrolla un proyecto y la obra puede ser realizada por una empresa contratista para posteriormente ser transferida a Camuzzi.
La normativa también contempla que las extensiones destinadas a nuevos usuarios deben ser realizadas por la distribuidora, salvo cuando las tarifas correspondientes a esa zona no produzcan ingresos suficientes para financiar la construcción.
Este punto adquiere una dimensión particular en el Partido de La Costa.
Hay sectores y barrios que todavía dependen de garrafas o electricidad para calefaccionarse, justamente cuando el costo de la energía se convirtió este invierno en uno de los principales motivos de protesta.
Durante agosto vecinos de Mar de Ajó, Santa Teresita, San Clemente, San Bernardo y Mar del Tuyú reclamaron por facturas eléctricas que, según expusieron públicamente, llegaron en algunos casos a varios cientos de miles de pesos. Las protestas incluso terminaron frente a la Municipalidad para pedir una intervención ante la imposibilidad de muchas familias de afrontar los montos.
El contraste es difícil de ignorar.
Por un lado, se anuncia que habrá infraestructura para transportar más gas. Por el otro, hay hogares que se endeudan para pagar alimentos y servicios y barrios donde para acceder al gas todavía hace falta financiar una extensión de red.
¿Gas para todos o gas para quien pueda conectarse?
Ese debería ser el próximo debate.
Porque aumentar la capacidad del Gasoducto de la Costa es una buena noticia para la región, pero no resuelve por sí sola el problema de acceso.
Para que ese gas llegue a los barrios que todavía no cuentan con el servicio serán necesarias nuevas redes, proyectos, habilitaciones e inversiones. Y allí habrá que definir quién las financia: la empresa, el Estado, los municipios, los desarrolladores privados, los vecinos o una combinación entre ellos.
La discusión cobra todavía mayor relevancia después de que el propio vocero presidencial Adrián Ravier defendiera la política tarifaria del Gobierno señalando que los servicios deben acercarse a sus costos y precios de mercado y que, en última instancia, alguien debe pagar esos costos.
La pregunta para La Costa entonces ya no es solamente si habrá suficiente gas.
Es otra:
cuando finalmente haya capacidad para sumar nuevos usuarios, ¿podrán conectarse también las familias de los barrios populares y los sectores de menores ingresos, o el acceso quedará condicionado a la capacidad económica de cada vecino para afrontar las obras?
Después de un invierno marcado por reclamos ante facturas de luz que superaron los ingresos de algunas familias, esa respuesta puede ser tan importante como terminar la planta de Las Armas.
