La madrugada del domingo dejó nuevamente a la Ruta 11, en jurisdicción de General Lavalle, como escenario de un hecho controvertido: dos radares de velocidad, ubicados cerca de los accesos a Costa del Este y San Bernardo, fueron vandalizados antes de entrar en funcionamiento. Estos dispositivos, que aguardaban la homologación para comenzar a operar, se suman a una serie de ataques recientes que alimentan un debate cada vez más polarizado en la región.
El caso más reciente había ocurrido apenas unos días antes, el jueves pasado, cuando un radar operativo, instalado a pocos metros del ingreso a Las Toninas, también fue destruido de manera intencional. Según las investigaciones preliminares, los responsables habrían cortado los soportes metálicos, dejando en claro que no se trató de un accidente, sino de una acción planificada.
Si bien las autoridades califican estos actos como un delito que debe ser perseguido, no faltan quienes interpretan estas acciones desde otra perspectiva. Para un sector de la sociedad, los responsables son vistos como una suerte de «Robin Hood» modernos, que buscan exponer lo que consideran un abuso de las autoridades: el uso de radares de velocidad con fines meramente recaudatorios.
Un automovilista de la zona que prefirió mantenerse en el anonimato expresó: “No justifico la violencia, pero estos radares no están para salvar vidas, están para llenar las arcas municipales con multas. Es indignante”. Este sentimiento encuentra eco en varios vecinos y conductores frecuentes de la Ruta 11, quienes denuncian que la ubicación de los dispositivos responde más a una estrategia económica que a la necesidad de prevenir accidentes.
