El caso generó una fuerte repercusión ya que en principio se buscó alegar que la revuelta había sido a partir de una pelea entre presos. Ahora la autopsia del cadáver indicaría que la policía fue responsable.
La información es de último minuto, la Comisión Provincial por la Memoria que monitorea la sobrepoblación penitenciaria y las acusaciones de tormentos tras las rejas en la provincia, emitió un comunicado anunciando el resultado de la autopsia sobre el fallecido Federico Rey (30).
Además afirmaron culpabilizaron a los «agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)«. Sostuvieron que «lo asesinaron con balas de plomo» y que «para garantizar la impunidad difundieron la versión de la riña entre presos»
El hecho se produjo el miércoles tras un motín de los reclusos de la UP 23 de Florencio Varela en reclamo de medidas de higiene, prevención y la aplicación de prisión domiciliaria ante la crisis sanitaria por el coronavirus.
En una primera versión difundida por el Servicio Penitenciario Bonaerense y avalada por personal interviniente, aseguraban que el detenido de 30 años había muerto producto de una apuñalada propinada por otro preso.
No solo que en la autopsia del cuerpo no encontraron heridas cortopunzantes sino que las causas del deceso estarían vinculadas a elementos propios de la policía.
En el cuerpo se divisaron unas ocho heridas a causa de balas de goma disparadas a corta distancia y, además, una bala de plomo que ingresó por el cráneo de la víctima.
“El SPB comenzó a reprimir de manera brutal, lo que motivó que otros detenidos se sumen a la protesta. En el marco de esta represión Federico Rey fue asesinado”, aseguró la CPM en el comunicado.
El conocimiento de las causas de muerte de Rey se da en un contexto de alta tensión por las numerosas protestas de los privados de la libertad en las diversas cárceles de la provincia de Buenos Aires.
La situación es desalentadora con imágenes impactantes y si se hace un breve repaso, como propone MDA Noticias en una nota anterior, se comprueba fácilmente que las problemáticas son de larga data.
Las manifestaciones y los reclamos se siguen dando, tal y como sucede ahora en la cárcel de Devoto. Los sucesos han desbordado a todos los sectores en un panorama complejo y de difícil resolución en el medio de la pandemia por el COVID-19.
La pregunta que resuena en este contexto es: ¿Surgirá solidaridad de cada ciudadano, tan necesaria en este momento, o esto mostrará las miserias humanas desembocando en un «sálvese quien pueda»?
Leé el comunicado de prensa de la Comisión Provincial por la Memoria en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura:
«El Servicio Penitenciario Bonaerense mató a un joven con balas de plomo»
A partir de la detección del primer caso de coronavirus padecido por una persona detenida en la Unidad 42 de Florencio Varela, se difundió un audio atribuido a un médico de salud penitenciaria que informaba del hecho y aseguraba que muchos se iban a contagiar y a morir. Esto provocó el reclamo desesperado de dos detenidos alojados en el pabellón de máxima seguridad quienes, como protesta por la demora judicial en resolver su situación, se subieron al techo de un pabellón.
Lejos de mediar e intentar el diálogo -asumiendo la situación que se vive en este contexto-, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) comenzó a reprimir de manera brutal, lo que motivó que otros detenidos se sumen a la protesta. En el marco de esta represión Federico Rey fue asesinado producto de al menos una bala de plomo. Además sufrió varias heridas de postas de goma disparadas a corta distancia.
De inmediato las autoridades de la Unidad comenzaron a encubrir el hecho haciendo pasar el asesinato como resultado de una pelea entre internos.
Sabiendo la falsedad de la versión y a modo de protesta, los detenidos tomaron los pabellones y subieron a los techos. Denunciaron la represión y el asesinato del joven y reclamaron por la desidia y mora judicial en la resolución de pedidos de morigeraciones ante la expansión de la pandemia de coronavirus. Cuatro pabellones de mediana seguridad fueron tomados por los detenidos que masivamente se subieron al techo exigiendo la presencia de autoridades judiciales.
La falta de elementos de prevención para evitar el contagio, la situación de hacinamiento extremo que en el complejo de Florencio Varela llega al 200 % y la desastrosa atención de la salud penitenciaria muestran un contexto gravísimo que hace peligrar la vida de las personas allí alojadas y provoca ansiedad, temor y desesperación.
Al iniciarse el conflicto, un equipo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires, se hizo presente en la Unidad a fin de garantizar que no vuelva a reprimirse la protesta y reclamar por el respeto de los derechos de las personas detenidas. La intervención y mediación de la CPM evitó que se profundice la crítica situación y logró que se garantice la seguridad de las personas detenidas.
La rápida presentación de un habeas corpus colectivo y la concurrencia del titular del Juzgado de Garantías Nº 8 de Florencio Varela permitió que, luego de largas horas de negociaciones y diálogo con las personas detenidas, se realice una audiencia judicial a la que concurrieron representantes de todos los pabellones para exponer las razones de la protesta.
En la audiencia estuvieron presentes representantes de la sub secretaria de derechos humanos de la Provincia, de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría General de Quilmes y la secretaría de derechos humanos del Municipio de Quilmes. En dicha audiencia el Jefe del Servicio Penitenciario, que también concurrió a la unidad, se comprometió a no reprimir ni trasladar a quienes reclamaban, lo que efectivamente se cumplió.
La muerte de Federico, producto de disparos con balas de plomo en el marco de la violenta represión penitenciaria, muestra la continuidad de prácticas de la dictadura que persisten en la institución y exigen su reforma estructural, democratización y desmilitarización. La brutalidad penitenciaria y el nulo respeto a la vida y los derechos de las personas detenidas demostrados en la gestión de los conflictos requieren la inmediata desafectación y exoneración de las autoridades de la Unidad, del Complejo Penitenciario y de quienes participaron del hecho.
Los agentes no sólo no intentaron resolver el conflicto de manera pacífica y dialogar con quienes se subieron al techo, sino que además dispararon con balas de plomo, práctica que está prohibida por los protocolos de uso de la fuerza. La protesta posterior -más grande aún- se resolvió de manera pacífica y preservando la vida de las personas detenidas, lo cual demuestra que es posible gestionar los conflictos desde el diálogo y el respeto de los derechos y garantías constitucionales.
La crisis humanitaria que se vive en el SPB, agravada por la existencia y cercanía de la pandemia de coronavirus, requiere de medidas excepcionales para limitar la sobrepoblación y hacinamiento extremo. La muerte de Federico es la consecuencia más dolorosa de esta crisis. No podemos permitir que vuelva a repetirse y para ello no sólo se debe castigar a los responsables sino también transformar estructuralmente el sistema.
