Sigue la polémica
La titular de la Comisión Investigadora que resolvió la suspensión del intendente de General Lavalle, Marcela Pasos, confirmó que Guillermo Marchi continúa en el cargo por una cuestión administrativa vinculada a la notificación, pero ratificó la sanción que pesa sobre el alcalde, y aclaró que la decisión de separarlo responde a la comunión de varias irregularidades.
Según explicó Pasos, además de la –conocida- inscripción ilegal de un inmueble propiedad del Municipio, sobre la gestión del intendente pesa la sospecha de haber pagado “coimas”, a través de una oficina clave del organigrama municipal a cargo de su hermano, además de otras faltas menores como la negativa a brindar información con respecto a Planes de Viviendas en General Villegas.
“Existe una denuncia ante la Justicia de Dolores, en el marco de un plan de construcción de veredas, donde hay una denuncia por coimas, por haberse aceptado un presupuesto más alto, y por no haber realizado la actuación administrativa” necesaria para su adjudicación, según relató Pasos.
En diálogo con INFOCIELO, la concejal que preside el Bloque del Frente para la Victoria, destacó que el acusado de esta última irregularidad, “es el hermano del intendente (Fabio Marchi), quien se desempeña como Secretario de Obras Públicas del Municipio”.
Pasos, justificó la decisión del Concejo Deliberante de suspender al intendente Marchi, al asegurar que “el punto que reviste especial trascendencia por su gravedad (la presunta inscripción ilegal de un inmueble), estuvo basado en dictámenes emitidos por la asesoría de Gobierno y el Tribunal de cuentas”.
En ese caso, incluso, la fiscalía de Dolores que interviene en la causa, habría resuelto pedir “que se recaratule!” la causa judicial que investiga ese hecho, “como abuso de autoridad y falta de los deberes de funcionario público”, explicó Pasos.
La concejal, evitó confrontar con la acusación política sobre un presunto golpe contra su administración, y –por el contrario- remarcó que “es real que no está de acuerdo” con la decisión del Concejo Deliberante de suspenderlo, por lo que “puede apelar al órgano superior, para defender lo que él considera su derecho”.
