Por Pablo Sirvén
Se pueden levantar varios cargos, y todos justos, contra el cable (tandas kilométricas; repetición abusiva de materiales; señales que son sacadas sin aviso del servicio básico y pasadas al premium; aumento de tarifas; escasa producción nacional propia de calidad, etcétera), pero lo que no se puede desconocer es que su vigorosa existencia -nació en el interior, en 1964, para dar cobertura a zonas donde no llegaba la TV abierta y se asomó a la Capital Federal sólo a fines de los años 70-, permite diversificar y complementar el deficitario menú de los canales de aire.
Posibilita, además, la fluida circulación de noticias regionales por cada localidad de esta despareja Argentina; funciona como necesario refugio de todos los programas políticos expulsados de la TV abierta, y ofrece contenidos culturales a los que ésta suele ser muy alérgica. Amén de ser la vía ideal para ver las mejores y más nuevas series norteamericanas.
Tal vez como efecto no deseado, o sí, de la encarnizada ofensiva del Gobierno contra el grupo Clarín -después de regalarle, como a otros permisionarios, la extensión por diez años de sus licencias de radiodifusión y de haberle aprobado, en primera instancia, la fusión de Cablevisión y Multicanal, que ahora está en veremos- hoy bombardea todas esas posiciones, sin reparar siquiera en los daños colaterales que ocasiona en el resto de esa industria.
La munición gruesa y cruzada que cae ahora mismo sobre el cable amenaza con provocarle bajas irreparables si los movimientos desplegados desde lo más alto del poder llegan hasta las últimas consecuencias.
La alarma principal viene por el lado del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que, de sancionarse, reemplazaría a la actual ley de radiodifusión firmada por Jorge Rafael Videla en 1980 y le levantaría la veda a las grandes empresas de servicios públicos y a las mucho más poderosas compañías telefónicas para que invadan ese mercado.
Se calcula que las telefónicas facturan hoy en día ocho veces más que toda la industria del cable, y su extraordinario crecimiento se debe, según la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) a que tuvieron «ganancias aseguradas en el control de las telecomunicaciones, durante diez años, utilidades sin riesgo y con ventajas». Las benefició primero el menemismo y ahora les da nuevo impulso el kirchnerismo.
Pero esto no es todo: el proyecto pretende asimilar como «servicio público», inherente del ámbito de la radiodifusión, al cable, aun cuando éste no utiliza ninguna frecuencia, sino que establece contratos privados con receptores, mediante conexiones físicas, sin involucrar patrimonio alguno del Estado.
El cable, a diferencia de la TV abierta, no llega indiscriminadamente a todos, sino sólo a aquellos que voluntariamente desean suscribirse a su servicio.
Sin embargo, al aspirar a convertir el cable en «servicio público», el gobierno de Cristina Kirchner también quiere imponerle una «tarifa social», impedir a los cableoperadores que sean al mismo tiempo titulares de señales de contenidos (a las que, además, pretende regular, desconociendo que la mayoría de ellas se producen en otros países) y que no cubran más del 35% del sistema (medida que se piensa implementar de manera retroactiva para eliminar «prácticas derivadas del abuso de posición dominante», concepto que, aparentemente, no correría para las telefónicas).
Sin subsidios estatales, la Argentina hoy es el país líder en América latina en materia de penetración del cable (54% de la población, sin contar los innumerables «colgados», que amplían ese porcentaje desde la informalidad).
Más de cinco millones de familias, en nuestro país, están abonadas a algún servicio de cable que brindan más de 700 prestadores, la mayoría de las cuales son pymes que cubren el 70% del total de las localidades provinciales; en tanto que trabajan en el sector unas 14.000 personas de manera directa y otras tantas indirectamente.
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Es extraño que, habiendo sido el mismo gobierno el que abrió una discusión sobre el nuevo régimen legal de los medios audiovisuales, el 13 de abril último, mediante la resolución Nº 275/2009 del Comfer, se haya adelantado a aprobar un reglamento que habilita a acceder a nuevas licencias de estos servicios que se denominan «complementarios» (tal cual se hace en la aún vigente legislación en la materia, de la última dictadura militar) con la posibilidad de uso de infraestructura de terceros.
«El bajo nivel de exigencia y de precio de los pliegos -advierte la ATVC en un comunicado- constituyen una invitación a atacar plazas por medio de alguna red pública existente.»
La guerra entre las telefónicas (hacia las cuales el Gobierno parece más inclinado) y el cable ya está de- satada: no por casualidad, Telefé y su red de canales, perteneciente al grupo Telefónica, salió a denunciar a la TV paga por «competencia desleal», enojadísimo porque la cantidad de segundos de publicidad en ese sistema aumentó el último año un 113%, muy por encima del mustio 34%, recaudado por los canales del interior.
Todos pintan escenarios apocalípticos: la TV abierta asegura que desaparecerán, se estatizarán o entrarán en convocatoria sus emisoras provinciales, en tanto que el cable asegura que las pymes del sector serán arrasadas en cuanto empiecen a operar las empresas de servicios públicos y las telefónicas que, hasta ahora, estaban inhibidas de hacerlo.
Mientras los poderosos de uno y otro bando se arrancan los ojos (con un árbitro estatal en el medio, parecido al inefable William Boo, de Titanes en el ring ), de los derechos del usuario a tener una buena y pluralista programación, pagando por ella una tarifa razonable y estable, ¿quién se ocupa?
psirven@lanacion.com.ar
Peleas por el control audiovisual: El cable, contra las cuerdas, acusa los golpes del Gobierno y de las telefónicas
