Ya hemos venido batallando, herederos de generaciones perseguidas, aplastadas, desaparecidas; contra la imposición de la muerte disfrazada por la sociedad capitalista.
Sociedad que naturaliza la pobreza y el hambre, que le niega a la mayoría de sus hijos el pan, el cariño y el cuidado, pero cuando delinquen los persigue para darles castigo.
Estamos hablando de pibes cuya identidad es construida en el marco de un entramado social signado por una profunda crisis socioeconómica y cultural configurada en los últimos cincuenta años en la Argentina.
Pese a las imágenes y los datos que salieron a difundir los medios masivos; el 60% de los menores de edad aprehendidos en la provincia de Buenos Aires -5.351 durante los primeros cinco meses del año– son mayores de 16 años; y aún así están lejos de alcanzar a la cantidad de adultos detenidos -79.575 en el mismo período- .Con este triste anuncio, se busca focalizar sobre un universo que es minoritario, a partir de proponer e implementar políticas estigmatizadoras.
Hoy, el Sr. Gobernador, más que poner énfasis en bajar la edad de imputabilidad, tendría que aplicar enérgicamente una política de asignación universal para todas las personas menores de 18 años; e instrumentar estrategias de intervención social tendientes a erradicar la desigualdad social en todo el territorio provincial. Asimismo debería propiciar condiciones para que los municipios adecuen sus políticas a las leyes 13.298 y 13.634 y garanticen un futuro deseable y digno para todos los niños; contrarrestando la expulsión de los niños pobres cuyas vidas vienen siendo arrasadas por el uso de drogas como el paco, y por situaciones de abuso, maltrato y explotación a las que frecuentemente son expuestos -de modo perverso- por algunos adultos.
Como sociedad y como adultos tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros niños niñas y adolescentes NO protegernos de ellos.
El Estado debe tomar medidas serias para los adolescentes, restituyendo el sentido de lo público y efectivizando una red de servicios sociales que garanticen sus derechos, y no cayendo sobre ellos con un tribunal. Este es un debate profundamente ético y político que nos atañe a todos como sociedad y particularmente al Estado en todas sus jurisdicciones, en tanto se trata ni más ni menos que de “proteger a las generaciones que crecen”, de habilitar procesos de constitución de un sujeto social; por lo tanto no puede ser reducido a un debate técnico.
Las organizaciones que componemos el Foro junto a otras personas e instituciones que trabajamos a diario para construir esperanza, le decimos a los que intenten avanzar sobre la edad de condenar a nuestros niños y jóvenes:
Que cumplan con las legislaciones vigentes de manera inmediata.
Que implementen políticas universales.
Que No se atrevan a avanzar con el proyecto anunciado, ya que somos muchos también los que queremos un país distinto
