Según informó el miércoles en su portada el diario Compromiso de la ciudad de Dolores, el fiscal que llevaba adelante la investigación presentó ante la Juez de Garantías “un extenso escrito” solicitando el juicio abreviado en la causa que se les sigue a siete personas imputadas en el marco de la investigación por la desaparición de Ruben Darío Jerez.
A fines de octubre de 2007 Escoda había recaratulado la causa como “privación ilegal de la libertad calificada por homicidio resultante” y procesado por encubrimiento agravado a tres funcionarios de la gestión municipal del ex intendente Guillermo Magadán: Jorge Grande, Daniel López y Cristian Ibarra, y a dos miembros de la empresa Comprar SRL: Carlos Subirol y Alejandro Muñoz.
En ese momento Escoda consideró que la falta de localización del cuerpo de Darío Jerez no impedía dar por acreditado el homicidio. El fiscal lo describió así: “el día 25 de octubre del año 2001, siendo aproximadamente entre las 12.30 y las 13 horas autor o autores ignorados hasta la fecha privaron ilegítimamente de su libertad al señor Rubén Darío Jerez, obligándolo a alejarse del lugar donde se encontraba, sito entre calle diagonal 123 entre 3 y 4 de la ciudad de Santa Teresita, y trasladándolo hacia un lugar en el cual no quería permanecer. Para luego, en una fecha y circunstancias fácticas aun no esclarecidas fehacientemente darle muerte, con una proximidad temporal marcada con relación a su secuestro probablemente horas o días, ocultando posteriormente su cadáver hasta el día de la fecha”.
Escoda acusa a los dos miembros de Comprar S.R.L. de “ayudar al autor o los autores de la privación ilegal de la libertad y homicidio de Rubén Darío Jerez y a eludir las investigaciones…”.
En cuanto a Grande, Ibarra y López el fiscal afirma que “durante el período de tramitación de la investigación tres sujetos adultos de sexo masculino, funcionarios públicos del municipio de La Costa y relacionados a la organización financiera Comprar SRL, de acuerdo a un plan previamente acordado, y dividiéndose el trabajo ayudaron al autor o a los autores de la privación ilegal de la libertad y homicidio de Rubén Darío Jerez a eludir las investigaciones del Ministerio Público fiscal, consistentes en aportar datos falsos a la investigación, valiéndose en un caso de un sujeto inimputable utilizándolo como medio, y presentando en otros, a través de distintas personas, datos falsos, desviando la investigación con el fin de ayudar a los autores materiales del hecho precedente”.
“Las desviaciones de la investigación parten de hechos demostrados –dice el fiscal-, llegándose a la conclusión, de la imposibilidad de que la casualidad haya podido combinarlos en la forma en que se han presentado, evidenciando que fue la acción de varios sujetos con el fin de encubrir el homicidio de Rubén Darío Jerez”.
Dos imputados más
La novedad ahora es la imputación de otras dos personas, que hasta hoy no había trascendido. El fiscal Escoda sostiene que “en septiembre de 2004, en oportunidad de prestar una mujer una extensa declaración testimonial afirmó falsamente hechos que no existieron, al manifestar que el desaparecido Jerez había iba a buscar chicas a un domicilio para tener sexo (…) que el día de la desaparición éste había compartido con otras personas una fiesta en un camping de San Clemente, lugar en el cual consumían cocaína, bebían, y mantenían sexo, dichos manifestados ‘con la clara intención de atentar contra el buen servicio de administración de justicia’”.La declaración de Patricia Graciela Sanabria, “además de delictuosa –dice Escoda-, constituye un claro intento de dirigir la investigación a un terreno insospechado y alejado de la firma Comprar, donde a esa altura se encaminaba la pesquisa”.Este nuevo hecho fue calificado como Falso Testimonio, e imputada del mismo Patricia Graciela Sanabria, (argentino de 42 años, soltera, ama de casa, domiciliada en Mar de Ajó).A su vez Escoda pide una pena para Leandro Gastón Alzugaray, quien el 27 de agosto de 2007 “afirmó falsedades y negó y calló la verdad, en oportunidad de deponer testimonialmente en el marco de una diligencia de careo realizada en la Fiscalía, donde dijo no saber absolutamente nada respecto de esta causa, y que lo que tenía conocimiento lo era por la televisión”.
Juicio abreviado y penas
El fiscal Escoda solicitó por estos hechos el trámite del juicio abreviado, estimando “suficiente y justa en virtud de la gravedad del hecho investigado” una pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para el ejercicio de un empleo o cargo público para los imputados Jorge Eduardo Grande, Gerardo Cristian Ibarra y Daniel Claudio López; de tres años y dos meses de prisión para los imputados Carlos Subirol y Alejandro Gustavo Muñoz; tres años y un mes de prisión para la imputada Patricia Graciela Sanabria; y tres años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para el ejercicio de un empleo o cargo público para el imputado Leandro Gastón Alzugaray.
